A sus 24 años, Beatriz nunca ha pisado una escuela. La discapacidad intelectual con la que nació fue usada siempre como razón para que maestros y directivos le negaran la admisión en planteles “normales”, cuenta Crista, su mamá.
Una escuela de educación especial tampoco fue opción. Cuando la niña nació, ni siquiera había médicos que le pusieran nombre a su condición, mucho menos algún lugar cercano que ofreciera un aula para ella.
Más de dos décadas después, la situación es prácticamente la misma: el Centro de Atención Múltiple (CAM) más cercano a la casa de Betty, como la llaman de cariño, está a dos horas y media de camino de la comunidad de la sierra de Puebla donde vive con su familia.
“Aunque estuviéramos cerca, no hay lugar para mi niña, ya está muy grande y se quedó sin ir a la escuela igual que otros tantos que tienen ‘retraso’
Beatriz pasa sus días jugando, al cuidado de sus padres y dos hermanos menores quienes, a diferencia de ella, sí tuvieron acceso a la educación.
Esta historia no es ni única ni excepcional: Betty es parte de una estadística brutal que revela que en la actualidad hay 343 mil niñas, niños y adolescentes con discapacidad que no saben leer ni escribir, es decir, el 15.2 por ciento de la población con discapacidad en edad escolar es analfabeta en pleno siglo XXI, según revela el informe “Discapacidad y derecho a la educación en México” de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Sin hacer spoiler a todos los datos volcados en cientos de páginas de este reporte, el dictamen final indica que “niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad y sus familias siguen enfrentando barreras en el acceso, permanencia, aprendizaje y egreso a la educación básica y media superior”.
Estamos hablando del mismo país que, el 15 de mayo de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3 de la Constitución federal, con la cual se establece que la educación, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
En el mismo documento se indicó que para lograr que la educación sea inclusiva, se establecería una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa (ENIE) con fecha límite de implementación al 11 de noviembre de 2019. Este adjetivo (inclusiva) se explica en la Reforma como “tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos”, e intercultural para “promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social”.
Pero del plato a la boca, no llega aún ni una sola cucharada de sopa en este tema.
El pesado reporte de Mejoredu reconoce que “no todas las escuelas ni los planteles están preparados ni tienen las condiciones necesarias para otorgar un servicio educativo adecuado a las necesidades que puedan presentar las personas con discapacidad”, una realidad que va en contra de la propia Constitución Mexicana y de tratados internacionales como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (donde México fue protagónico en su promulgación global).
Según el Censo 2020, hay 2 millones 108 mil 786 personas con discapacidad (pcd) entre los 5 y los 17 años, es decir, en edad escolar.
Mejoredu contabiliza que son 506 mil 455 los alumnos con alguna discapacidad que están escolarizados, lo que representa 24 por ciento de este grupo.
Mirando la mitad vacía del vaso, 76 por ciento de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no están cubiertas por el Sistema Nacional de Educación.
Por primera vez, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su Sistema de Estadísticas Continuas Formato 911, abrió sus bases de datos y reveló datos sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad, antes nunca publicados de manera tan clara: se puede conocer desde la falta de programas, de presupuestos, de capacitación así como el número de alumnos, docentes y hasta estudiantes de magisterio que viven con alguna condición de vida, en todos los niveles, modalidades y servicios de la Secretaría.
“Una dificultad relacionada con el registro que realiza la SEP es que no existen criterios claros sobre cómo se determina que una alumna o alumno presenta alguna discapacidad, lo que deriva en datos inconsistentes, ya que puede ocurrir que se confunda una condición de discapacidad en niñas, niños y jóvenes, o que se valore como tal un estado que en realidad no lo es”, advierte el análisis de Mejoredu.
Desde 2010 a la fecha sólo se ha logrado aumentar 1.2 años la escolaridad de las personas con discapacidad en edad escolar (de 3 a 17 años).
La inequidad que viven los alumnos con discapacidad versus sus pares sin discapacidad comienza desde la primera infancia: sólo poco más de 6 mil niños en edad preescolar con alguna discapacidad están en un aula, esto representa el 0.14 por ciento del total de niños matriculados en este grado. Los números tienen una ‘mejoría’ en la primaria (donde los alumnos con discapacidad representan 3.1 por ciento del total de los alumnos) y luego se convierte en un embudo inverso desde secundaria hasta educación superior.
“La diferencia en la matrícula en los CAM entre los niveles preescolar y primaria podría indicar la prevalencia de bajas expectativas de las familias hacia sus hijas o hijos más pequeños con discapacidad, la presencia de cierta sobreprotección e incluso la poca importancia que aún se da a la educación preescolar”, refiere el reporte de Mejoredu.
Sólo 6 de cada 10 pcd de entre 20 y 24 años logró concluir la educación básica en 2020.
En 2020 sólo 70.7 por ciento de las personas de 12 a 14 años con discapacidad había finalizado la primaria, mientras que 90 por ciento del mismo grupo de edad, pero sin discapacidad.
En el mismo sentido, la diferencia en el porcentaje de jóvenes de 15 a 17 años que tenía la secundaria terminada y podría cursar la educación Media Superior, entre la población sin y con discapacidad fue de 16.8 puntos porcentuales: en el primer caso el porcentaje fue 81.6 por ciento y en el segundo 64.8 por ciento.
Sin apoyo, sin infraestructura
Un punto no menor es la falta de apoyo que reciben alumnos con discapacidad y docentes en búsqueda de inclusión de los mismos. Del total de escuelas del país, sólo 0.2 por ciento cuenta con una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).
Y aquellos que las tienen atienden cinco veces menos alumnos con discapacidad que alumnos con ‘otras condiciones’ (ver gráfica). Destaca que la atención en escuelas de educación inicial es casi inexistente: en todo el país, sólo 217 niñas y niños recibieron respaldo de estas unidades.
Igual que los CAM, la mayoría de las USAER (93.4 por ciento) se encuentran en localidades urbanas y solo 307 (6.6 por ciento) en zonas rurales.
Si los USAER son el software de inclusión, el hardware deberían ser las adecuaciones físicas de las escuelas y colegios. Aquí también el sistema educativo queda a deber ya que solo 28 por ciento -contando los tres niveles educativos- afirma tener espacios accesibles.
Curiosamente, donde mayor accesibilidad hay (35.9 por ciento) es en los planteles de educación media y superior que es donde menos porcentaje de alumnos con discapacidad llega a cursar. En Oaxaca, por ejemplo, solamente 10 por ciento de las escuelas primarias con al menos un estudiante con discapacidad tiene infraestructura adaptada.
“La mayoría de las escuelas de educación primaria, secundaria y media superior carecen de las condiciones de accesibilidad indispensables para favorecer la formación de estudiantes con discapacidad y para otorgarles experiencias educativas y sociales en igualdad de condiciones”, agrega el reporte de Mejoredu.
Dentro del universo del sistema educativo las escuelas públicas de zonas marginadas, rurales o con población indígena son las que cuentan con menor infraestructura de accesibilidad y apoyo. “Las personas con discapacidad que pertenecen a hogares indígenas, hablan una lengua indígena o viven en localidades con alto rezago social enfrentan de manera simultánea diversas formas de exclusión en el acceso y permanencia en el sistema educativo”, agrega el reporte.
Curiosamente, son los grupos a los que van dirigidos muchos de los programas de pensiones de Bienestar, pero son olvidados por una secretaría hermana como es la de Educación.
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